19 jun. 2009

DEMOCRACIA DIRECTA-Referéndums por internet


Inicio este blog con el documento que sigue. Es algo extenso, pero creo que merece la pena dedicar algunos minutos a su lectura. Con la cantidad de "opinólogos" que frecuentan las tribunas públicas que ofrecen los medios de comunicación españoles, me resulta extrañísimo que nadie haya tratado sobre el asunto que planteo. Creo que alguien tenía que abrir este melón; me pongo a ello.

Introducción. ¿Qué es la democracia directa?

Para empezar debo decir que el título de este trabajo, DEMOCRACIA DIRECTA, responde a la denominación que se da al sistema democrático que permite a los ciudadanos tener una participación directa en las decisiones políticas de gobierno. La "democracia directa", aunque no es antagónica, sí tiene diferencias sustanciales con la denominada «democracia representativa», que es la que tenemos en España y en la mayoría, por no decir todos, de los países democráticos. 

Por precisar la diferencia entre ambos sistemas, diré que en la democracia representativa –en la nuestra– los ciudadanos eligen a sus representantes políticos y son éstos los que luego toman las decisiones (y, por supuesto, gobiernan). En cambio, en la DEMOCRACIA DIRECTA son los ciudadanos los que, vía referéndum, directamente participan en la toma de ALGUNAS decisiones y, por tanto, en el gobierno (o autogobierno, en cierto modo). Salvo en Suiza, donde desde hace más de 120 años los ciudadanos han tenido oportunidad de participar en más de 240 referéndums, y, parcial o tímidamente, en algún país del continente americano, como es el caso de EE.UU. (donde convive con la democracia representativa) o Uruguay (en el que es más teoría que realidad), es verdad que, actualmente, la DEMOCRACIA DIRECTA es prácticamente inexistente en el mundo. Por tanto, hablar de esto puede sonar a algo innecesario o utópico, pero, como luego veremos, puede que no lo sea tanto.

Por completar esta introducción al tema, debo aclarar que lo que me trae aquí hoy no tiene que ver nada con el caso concreto de la consulta o referéndum de Ibarretxe. De lo que voy a hablar es de algo de muchísimo más alcance, porque es aplicable, no sólo a la ciudadanía española, sino a la democracia en general. No obstante, la aplicación de lo que diga tendrá como referente a nuestro entorno sociopolítico.

1. La situación actual. Democracia representativa.

La Democracia es el sistema de gobierno menos malo. En esta aceptada y expresiva definición está implícita la también generalizada aceptación de que el sistema democrático es imperfecto. Sin entrar en el análisis de las causas de esta imperfección, que, dicho de pasada, tiene mucho que ver con las debilidades propias de la condición humana, ahora nos vamos a centrar en uno de sus efectos más evidentes. Me refiero al permanente riesgo de que quienes reciben democráticamente el encargo de gobernar incumplan los compromisos electorales o que, como hemos podido observar, en la actualidad y en nuestro reciente pasado democrático, se desvíen de tales compromisos o tomen iniciativas que no respondan o sintonicen con demandas sociales o, incluso, contradigan a éstas. 

Como es sabido, para estos casos, el sistema democrático dispone de resortes o mecanismos para tratar de corregir la acción gubernamental o para protestar por ella:
  • Por un lado, por la oposición política a través de la acción parlamentaria y otras vías políticas de protesta.
  • Por otro lado, por los medios de comunicación, que ofrecen sus tribunas a las opiniones discrepantes.
  • Por último, por la propia ciudadanía que, a través de lo que se denomina la opinión pública, puede mostrar su disconformidad por diferentes medios, llegando incluso a la protesta contundente en forma de huelgas o manifestaciones en la calle.
Pero es muy frecuente que los gobernantes, apoyándose en la mal entendida legalidad de su mayoría, desoigan las protestas y mantengan contra viento y marea sus incumplimientos, desviaciones o iniciativas reprobadas. Naturalmente, para estos casos, la Democracia ofrece a los ciudadanos el recurso de, al término del periodo legislativo y a través del voto, cambiar de gobierno. Pero, en cualquier caso, hay que admitir que estos mecanismos correctores no suelen ser muy eficaces: unos, los primeros, porque casi siempre resultan inútiles, y el otro, el del cambio de gobierno, porque para su aplicación hay que esperar hasta las próximas elecciones. 

Así que nos encontramos con que nos hemos acostumbrado y resignado a convivir con la imperfección comentada del sistema democrático, y que, por lo que parece, todos asumimos que no tiene remedio. Es decir, los ciudadanos admitimos que lo correcto es delegar en nuestros representantes, y tenemos interiorizada cierta resignación a que éstos actúen durante cada periodo legislativo como ellos consideren adecuado, tomado las decisiones e iniciativas que estimen oportunas, especialmente si ocupan el gobierno. En otras palabras, consentimos que hagan lo que quieran. 

Llegados a este punto conviene recordar que alguien dijo “la política es algo demasiado importante como para dejarla exclusivamente en manos de los políticos”. A mí me parece una frase muy acertada, que su enunciado sintetiza y explica perfectamente la clave del problema de la imperfección de la democracia representativa, según los esquemas actuales, y que nos da la pista para que podamos corregirla. Porque en la delegación que hemos hecho los ciudadanos en los políticos para que sean ellos los que exclusivamente se ocupen de la política y, en consecuencia, tengan la exclusividad de regular y establecer las pautas de comportamiento de los ciudadanos —que en eso, a la postre, consiste gobernar— está el meollo de la cuestión. Esto, posiblemente, hasta ahora haya tenido que ser así, pero, como luego veremos, puede que en el futuro inmediato pueda cambiar. Desde luego, a mí me parece que debería cambiar. 

2. La clave del problema: La omnipotencia de los gobiernos democráticos

Para ilustrar este apartado me voy a servir de la “Ley del tabaco” de 2006, que, por su impacto directo en la cotidianidad de una gran parte de la ciudadanía (fumadores y no fumadores), resultó muy polémica y controvertida, habiendo sido objeto de un intenso debate social, ocupando buena parte del tiempo de innumerables tertulias (públicas y privadas) durante bastantes semanas. También nos servirían otros ejemplos de mayor actualidad: por ejemplo, la ley de matrimonios entre homosexuales, la de memoria histórica, y cualquier otra iniciativa legislativa o medida gubernamental controvertida que no hubiera sido anunciada de forma clara en el programa electoral (incluso lo de la guerra de Irak). Pero voy a utilizar la Ley del Tabaco porque tiene menos carga política que las otras y nos sirve perfectamente para lo que quiero comentar. 

Recordemos brevemente lo que pasó cuando se promulgó la «Ley del Tabaco». A unos les pareció muy bien, a otros muy mal, algunos consideraron que se había hecho precipitadamente, los empresarios preguntaban quién corría con el coste de las escapaditas para fumar en la calle, los quiosqueros se consideraron perjudicados porque les privaron de una línea de negocio, los de los bares y restaurantes protestaban porque la ley les obligaba a costosos desembolsos para la adecuación estructural (zona de fumadores) de sus establecimientos, en cambio los comercializadores de métodos para dejar de fumar se frotaban las manos, se discutió sobre a quién le competía la represión de las infracciones, había quien protestaba porque consideraba que la ley tenía que haber ido acompañada de medidas terapéuticas antiestrés para los afectados, incluso hubo quien vaticinó que esta ley podía arruinar a los fabricantes de ceniceros, etc. 

En fin, se oyó de todo y desde muy variados puntos de vista, pero parece que nadie –y esto es lo importante de la cuestión–, absolutamente nadie, reparó en que la ley no estaba en el programa electoral del PSOE y nadie, nadie en absoluto, se atrevió a poner en tela de juicio la legitimidad de esta ley. 

O sea, la sociedad asumió entonces y sigue asumiendo ahora que el Gobierno está legitimado para imponer, sin avisar o anunciarlas en los programas electorales, las leyes que considere oportuno por mucho que sean criticadas o resulten polémicas y controvertidas. En otras palabras, se acepta sin ninguna objeción que en nuestro sistema político de democracia representativa los gobiernos, amparados por las mayorías parlamentarias que los sostienen, están legitimados para la adopción de las medidas de gobierno e iniciativas legislativas que consideren oportuno sin el consentimiento expreso de la mayoría de los ciudadanos, con la única excepción de las contadas materias que en la Constitución se señalan como intocables salvo aprobación en referéndum. Y sobre esto debemos focalizar la atención. Insisto en que el contenido de la «Ley del Tabaco» es lo de menos. 

Se trata, por tanto, de reflexionar y hacer un análisis sobre si, en términos democráticos, es o no legítimo (no digo legal) que los gobiernos adopten iniciativas legislativas –y, por extensión, medidas o decisiones de gobierno de gran trascendencia– sin el consentimiento expreso (aprobación en referéndum) o tácito (por estar el programa electoral) de la ciudadanía. 

Porque, como he dicho, la ley a la que me he referido no estaba anunciada en el programa electoral de los partidos que votaron afirmativamente en su trámite parlamentario. Es decir, no nos habían anunciado que iban a legislar sobre el asunto y, mucho menos, en el sentido que lo hicieron. Y si no lo hicieron hay que suponer que sería porque el problema de los malos humos, que no sobrevino en la pasada legislatura (cuando se legisló), no debía de tener demasiada enjundia antes de las elecciones generales ni había una demanda social para que fuera abordado por el gobierno con urgencia. Al menos así parece que lo interpretaron los diferentes partidos pues ninguno lo incluyó en su programa. O no lo quisieron incluir porque puede que pensaran que no era «muy comercial». Fuera por lo que fuese, el caso es que antes de las elecciones del 2004 ya se fumaba en los espacios públicos y nadie avisó de que se iba a restringir. 

Ante esto hay que preguntarse ¿vale que el gobierno proponga al Parlamento una ley sobre un asunto estructural (no coyuntural ni urgente) sin contar previamente con el consentimiento de la mayoría social? Aunque aceptemos que el móvil gubernamental no fuera otro que un benemérito deseo de aportar algo bueno o, mejor dicho, de evitar algo malo a la sociedad ¿se puede considerar democráticamente legítima la iniciativa? 

Imaginemos que, por encuestas o por estudios sociológicos, se llegara a conocer que la mayoría de la ciudadanía hubiera, entonces, preferido poder hacer lo que se le impidió (o sea, fumar) o que se llegara a saber que estaba en contra de lo legislado ¿habría sido democrática la medida? Si a la mayoría social no le hubiera importado seguir deteriorándose los pulmones, seguir expuesta al riesgo de cáncer de laringe o de pulmón, o seguir respirando malos humos en las oficinas, bares y restaurantes, todo con tal, simplemente, de vivir en una sociedad más permisiva ¿estaría legitimado un gobierno para impedírselo? Las cuestiones planteadas nos llevan a otra pregunta clave: ¿En una sociedad democrática, quién debe decidir lo que es conveniente o bueno o lo que es inconveniente o malo para ella: los gobiernos o los propios ciudadanos? 

Alguien podría argumentar que el gobierno tiene derecho a proteger a las minorías. Eso suena bien, pero hay que admitir que lo realmente democrático es hacer caso a las mayorías. En todo caso, se debe proteger o hacer caso a las minorías siempre que la mayoría consienta. Porque si no, no sería democrático. 

En cuanto a lo que es bueno o malo, conveniente o inconveniente, para la sociedad, reparemos en lo siguiente. El divorcio, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, por citar cuestiones muy controvertidas, ¿representan valores buenos o malos por sí mismos o su valoración tiene que ver con el sentir circunstancial o coyuntural de la mayoría del colectivo social sobre el que se proyectan tales cuestiones? La pena de muerte está vigente en algunos estados de EEUU y nadie se atreverá a cuestionar que el código penal de esos estados es democrático. Entonces ¿sería democrático que los gobernantes de esos estados abolieran la pena de muerte sin tener la autorización expresa de la mayoría de los ciudadanos? ¿Hubiese estado legitimado el gobierno de Adolfo Suárez para permitir el divorcio o el de Felipe González para regular el aborto si no lo hubieran anunciado en su programa electoral? ¿Y la eutanasia? ¿A quién le corresponde decidir si se autoriza o no? Porque a unos les parece muy mal y otros consideran que es un derecho de las personas. ¿Tendremos que esperar a que salga un gobernante iluminado para que tome la decisión por su propia cuenta y sin preguntarnos?¿O no sería lo correcto que el partido que lo propugnase lo anunciara con claridad en su programa electoral o lo sometiera a referéndum? 

En los estados aconfesionales, como es el nuestro, la convivencia social se debe ajustar, preferentemente, a la regulación civil, es decir, a la ley, y, secundariamente y mientras no entre en colisión con ésta, cada ciudadano puede acomodar su comportamiento a sus propios valores o normas de conducta, inspirados en su educación, religión o en sus propias creencias. Pero nadie (incluidos los gobernantes), por sí mismo, tiene derecho a imponer a los demás su propio subjetivismo para establecer lo que debe ser considerado como bueno o como malo para todos.

Porque no hay duda de que estos conceptos, lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, son muy relativos y sujetos a muchos condicionantes circunstanciales y temporales. A todos se nos ocurrirían muchos ejemplos de lo que para unos es bueno para otros es lo contrario, o de lo que hace años se repudiaba y perseguía por malo ahora está bien visto o se tolera. Por lo tanto, para establecer qué es lo bueno y lo malo para el conjunto de un determinado grupo social no hay otra fórmula que la más elemental mecánica democrática: lo que diga la mayoría en cada momento. Pero, ¡ojo!, lo tiene que decir de forma expresa e inequívoca, no vale que alguien, aunque sea el gobierno más democrático del mundo, pretenda erigirse en intérprete de su silencio o de su sentir, como ocurrió con lo del tabaco. 

Porque lo que en realidad significó la dichosa «Ley del Tabaco» es que el gobierno, arrogándose el rol de omnipotente corrector de las desviaciones e incorrecciones de los ciudadanos, desde su pedestal de sabio conocedor de lo que nos conviene o no, nos quiso «salvar» de algo que él consideraba malo en sí mismo: fumar cerca de los demás. Ya se habla de que dentro de poco nos «salvará» del alcohol. Más adelante puede que, por la misma regla de tres, nos «salve» del problema energético, permitiendo la construcción de nuevas centrales nucleares. Si esto prolifera, puede que algún gobernante pretenda «salvarnos» de la postergación de determinadas señas de identidad obligándonos a llevar boina o barretina, o pretenda «salvarnos» a los hombres de tentaciones lascivas obligando a las mujeres a alargar la falda por debajo de la rodilla.

Y si asumimos como legítima la legislación para «salvarnos» del tabaco habrá que asumir que también sería legítimo que un gobierno democrático, basándose en su omnipotencia consentida, legisle para «salvarnos» de los otros «problemas» citados, sin el beneplácito previo y expreso de la ciudadanía. Supongo que, dicho así, a cualquiera todo esto le parecerá, sencillamente, una aberración que no debería tener posibilidades en un sistema democrático. Pero el problema es que las tiene (recordemos lo de Irak). 

Basándonos en todo lo anterior podemos formular la tesis: en democracia, la sociedad se debería regular basándose, exclusivamente, en la opinión mayoritaria de sus ciudadanos expresada en las urnas, en las que o se eligen a los políticos para que desarrollen su programa electoral o se responde a las consultas o preguntas (referéndums) que los gobiernos planteen a los ciudadanos. En consecuencia, hay que entender –al menos es mi opinión– que ningún gobierno esta legitimado para tomar iniciativas legislativas sin contar con la evidencia de la conformidad previa de la mayoría ciudadana, salvo que las circunstancias le obliguen por razones de urgencia o coyuntura.

Esto nos obliga a reflexionar sobre cuál debe ser el papel de los gobiernos democráticos. De acuerdo con la tesis expuesta, los gobiernos, principalmente, deberían ser gestores del desarrollo e implementación de las medidas anunciadas en el programa electoral de los partidos que le apoyen. Esa es su fundamental misión. También, lógicamente, la de dirigir y gestionar el día a día de la Administración del Estado, de la Comunidad o del Ayuntamiento, según el caso, dando respuesta operativa a todas las circunstancias e imprevistos que se presenten. Pero en modo alguno los gobiernos deberían inventarse soluciones para problemas de tipo estructural que no requieran, necesariamente, urgencias legislativas. Como mucho, ante este tipo de problemas, los gobiernos tienen derecho a abrir el debate social y hacer pedagogía para informar y concienciar a la ciudadanía, para luego, si lo consideran oportuno, incluir su propuesta de solución en el programa de las siguientes elecciones. Entonces sí, si ganan en éstas, tendrán legitimidad para adoptar la solución propuesta. 

Indudablemente, la tesis expuesta se contradice con la legalidad vigente, ya que ahora no hay ningún impedimento constitucional ni del resto del ordenamiento jurídico para que, siguiendo con el caso que nos ha servido de ejemplo, se restrinja fumar por ley sin que tal medida haya sido aprobada previamente por la ciudadanía. Dicho sea de paso, tampoco, como antes apuntaba, para que se involucre a la nación –y, por tanto, a sus ciudadanos– en una guerra/invasión ilegítima y criminal, como, en mi opinión, fue el caso de Irak, aunque se evidenciara la manifiesta oposición de amplios sectores sociales. En consecuencia, para que la tesis tomara cuerpo deberían desarrollarse los oportunos resortes legales, bien a través de la correspondiente modificación constitucional o por la puesta en vigor de un Reglamento o Estatuto del Gobierno, para que los gobernantes quedaran obligados a que todas sus decisiones o iniciativas legislativas de cierta relevancia o impacto social tuvieran el consentimiento expreso o tácito previo de la mayoría de los ciudadanos (bien por referéndum o por haber sido anunciado en el programa electoral). Así se evitaría la perniciosa omnipotencia actual que permite a los gobernantes hacer, como decía al principio, poco menos que lo que les da la gana. 

Por tanto, creo que en una sociedad moderna como es la española, con un grado de madurez aceptable, cada vez más culta e informada, en la que cabe esperar de los ciudadanos, si se les da la oportunidad, un mayor compromiso con la acción de gobierno, los usos democráticos requieren de una profunda revisión, con una tendencia clara: quitar capacidad de maniobra a los políticos, en la medida en que se da mayor protagonismo a la ciudadanía. Así se conseguiría que la Democracia Representativa se acercara a la Democracia Directa. Como viene bien para la ocasión, conviene repetir lo de «la política es algo tan importante que no debería dejarse exclusivamente en manos de los políticos». 

3. La solución 

Creo que si a los ciudadanos se les da la oportunidad de opinar sobre las propuestas políticas que les plantee el gobierno (o la oposición) no la desaprovecharían, es decir, opinarían (con su voto), sobre todo si supieran que la opinión iba a servir para tomar la decisión. Así, seguro que la mayoría de los ciudadanos hubiéramos manifestado nuestra opinión sobre si debíamos o no involucrarnos en la guerra de Irak, o sobre si estábamos de acuerdo con llamar matrimonio a las uniones entre homosexuales, o con determinadas cuestiones controvertidas de la ley de memoria histórica, o, por qué no, sobre si el gobierno debía mantener contactos con ETA para explorar las posibilidades de terminar con el terrorismo, ...y así sobre cualquier cuestión o controversia política que cumpliera las dos siguientes condiciones: 

Uno, que no estuviera en el programa electoral del partido gobernante.
Dos, que fuera causa de gran controversia política y social. 

Es obvio que las decisiones ya anunciadas en los programas electorales ya cuentan con el consentimiento tácito de la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, nos vamos a centrar en las iniciativas de gobierno (normalmente proyectos de ley) que, sin haber sido anunciadas en los programas electorales, se consideren necesarias a lo largo de la legislatura y que, como decía, sean objeto de controversia política y social. Para estos casos solo debería haber una fórmula: la consulta popular o referéndum. 

No hay duda de que el referéndum es la fórmula más democrática para la acción de gobierno, porque supone la participación directa de todos y cada uno de los ciudadanos en la toma de una determinada decisión política. En cambio, es la menos utilizada. En la reciente historia democrática de nuestro país, excluyendo los referéndums de la época constituyente (para la Constitución y algunos Estatutos), que yo recuerde sólo hemos sido consultados en referéndum para decidir sobre la entrada en la OTAN y sobre la Constitución Europea. Y, en cierto modo, esto, hasta ahora, ha tenido cierta lógica, porque sólo por el coste y por la movida que supone la convocatoria y realización de referéndums, se entiende que los gobiernos sean reacios a utilizar esta fórmula de consulta. 

Y así también lo hemos entendido los ciudadanos. Porque es verdad que el referéndum requiere de unos plazos que a veces son incompatibles con la premura con que los gobiernos se ven obligados a decidir sobre las contingencias políticas que surgen de improviso. Por tanto, hay que asumir que, según los procedimientos actuales para la realización de los referéndums, esta fórmula no puede ser considerada como una herramienta de gobierno ágil y útil. 

Pero podríamos cambiar de opinión si, aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías, se consiguiese poner en práctica procedimientos de consulta más ágiles que el tradicional de depositar la papeleta en la urna. Es indudable que vivimos en una época en la que, por los avances tecnológicos, hemos llegado a considerar simples rutinas domésticas a lo que hasta hace pocos años nos parecían utopías siderales. En cambio, la mecánica democrática no ha cambiado nada. Exceptuando la tarea de recuento de los votos y la de divulgación de los resultados en las noches de las jornadas electorales, las posibilidades de las modernas tecnologías no están siendo aprovechadas por la Democracia. Puede que ya vaya siendo hora. 

Porque si hubiera un procedimiento fiable que permitiera a los ciudadanos, desde sus propias casas, votar en los referéndums de una forma segura, cómoda y sencilla, no parece que sería descabellado preguntar a la ciudadanía con más frecuencia, consiguiendo con ello que los gobiernos pudieran conocer con rapidez y precisión la opinión de los ciudadanos sobre las cuestiones en debate, lo que les obligaría a decidir en consonancia con ella. Es indudable que, si esto fuera posible, cobrarían sentido real algunas de las rimbombantes frases que se utilizan para ensalzar los valores democráticos, como es el caso de «la Democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo», y también se acercaría a la realidad el principio constitucional que hace referencia a la «soberanía del pueblo». En otras palabras, la Democracia sería mucho más directa. 

Pues todo esto se podría conseguir gracias a internet. Porque no tiene que resultar excesivamente complicado habilitar un procedimiento de consulta en el que esta red sustituya a la urna y un simple clic a la papeleta. Internet ofrece enormes posibilidades para transmitir información de forma segura y confidencial. Así ya lo han entendido algunas instancias públicas, como, por ejemplo, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que ya utilizan internet para canalizar eficazmente información entre la Administración y los ciudadanos (indudablemente mucho más compleja que un simple adverbio). 

Bien es verdad que en un referéndum la dificultad tecnológica no estaría en conseguir la transmisión por la red de grandes volúmenes de información, sino en la enorme cantidad y dispersión de los comunicantes y en la simultaneidad. Es decir, sólo habría que transmitir el sí o el no, pero serían muchos los que lo harían casi a la vez. Aunque, obviamente, esto podría entrañar alguna dificultad técnica no parece que sea insalvable. Sin entrar ahora en más consideraciones técnicas, conviene hacer mención a la utilidad y fiabilidad de las «certificaciones digitales» que ya se utilizan para garantizar la autenticidad de las comunicaciones y la identidad del ciudadano en los contactos por internet con la Administración. 

Por tanto, no es aventurado asegurar que, técnicamente, es factible un procedimiento estándar de referéndums vía internet que resulte fiable, ágil, cómodo, seguro y confidencial. 

El verdadero problema está en que, en la actualidad, no todos los ciudadanos disponen de acceso a internet en sus hogares. Naturalmente, un referéndum en el que la posibilidad de participar no alcanzara a todo el censo no tendría plena legitimidad democrática y, por tanto, su resultado no podría ser considerado como vinculante y obligatorio para el gobierno. Pero sí podría tener el valor de una amplísima encuesta que permitiría conocer con bastante precisión la opinión ciudadana sobre la cuestión consultada. 

A este respecto, cabe el siguiente cálculo: según datos del INE (informe de 2009), el 51 por ciento de los hogares españoles (7,5 millones de viviendas familiares) cuentan con conexión a Internet, lo cual, por una deducción simple, podría significar que tal porcentaje del censo electoral, que ronda los 30 millones, estaría en condiciones de poder responder a las consultas por esta vía, lo que supondría que el sistema estaría disponible para un colectivo de más de 15 millones de personas. Si se consiguiera una participación del 50 por ciento, significaría que las consultas serían respondidas por ¡unos 7,5 millones de personas! Indudablemente, sería una muestra lo suficientemente amplia como para dar un valor poco menos que inapelable e incuestionable a los resultados. Hay que tener en cuenta que en las encuestas y sondeos habituales la muestra no suele sobrepasar la cifra de 3.000 personas. En las encuestas-barómetros del CIS la muestra es de 2.500 personas.

También se podría aducir en contra de la validez de estos referéndums que la distribución de los hogares con internet probablemente no sea homogénea entre los diversos sectores sociales, porque es posible que los hogares con internet sean mayoritarios en zonas urbanas, o en los ámbitos de mayor nivel cultural, o en los sectores más jóvenes, o en los grupos sociales económicamente más fuertes, por lo que, si así fuera, quedarían marginados los habitantes de zonas rurales, los colectivos con menor nivel cultural, los menos jóvenes, o los hogares más humildes. 

Efectivamente, esto puede ser así, aunque no es seguro. Lo que sí es seguro es que, con el tiempo, estas diferencias teóricas irán reduciéndose de forma significativa, principalmente por el empuje de los miembros más jóvenes de las familias (de todas) cada vez más identificados, familiarizados y dependientes de internet. 

Dicho todo esto, se podría concluir que el referéndum por internet sería técnicamente posible, si bien, de momento, no debería ser vinculante porque no cumple el requisito fundamental de universalidad. 


¿Deberíamos, por tanto, olvidarnos de ello? La respuesta debería ser contundente: rotundamente, no. Simplemente, habría que admitir que el referéndum por internet, en una primera etapa, debería ser considerado como una herramienta de consulta de fiabilidad casi absoluta, dejando para más adelante, a medida de que se vayan reduciendo los desequilibrios antes citados, su carácter decisorio y vinculante. 

Pero hay que empezar ya a construir el procedimiento, a utilizarlo y perfeccionarlo para ir todos (tecnología y ciudadanía) acomodándonos a la nueva fórmula de participación y preparándonos para la fase definitiva. Para esa fase definitiva y previendo que pueden pasar algunos años hasta que se consiga que, como ahora el teléfono o la televisión, prácticamente en la totalidad de los hogares haya una conexión con internet, habría que pensar que los ciudadanos que no dispusieran de este medio en su casa tuvieran la posibilidad de dirigirse a determinados centros públicos, donde se les habilitaría un procedimiento alternativo para que pudieran dar su opinión. No debería ser muy complicado. 

4. Algunas consideraciones sobre los referéndums por internet 

En primer lugar, hay que decir que el referéndum por internet, igual que sucede con los tradicionales referéndums, sería una fórmula opcional para el gobierno y que el hecho de que sea más ágil (y mucho más barato) que éstos no significa que debería ser utilizado, necesariamente, cada vez que el gobierno tuviese que tomar una decisión. Pero sí que debería ser una herramienta a utilizar con relativa frecuencia. 

Partiendo de las premisas ya citadas de que los referéndums deberían utilizarse ante las decisiones que causen gran controversia o de mucho impacto social y, además, que, tuvieran relación con cuestiones no contempladas en los programas electorales, habría que regular los casos y circunstancias en que fueran obligatorios. Obviamente hay campos de la acción de gobierno, como, por ejemplo, la política económica, la política tributaria o la política exterior, en los que la fórmula del referéndum puede que no tenga mucha aplicación, porque son áreas complejas, en las que hay que entender que la acción de gobierno se tiene que acomodar permanentemente a las circunstancias y coyuntura que se presenten, y que las medidas que el gobierno tenga que tomar ante cada una de ellas deberán estar condicionadas por su propia ideología, que para eso contó con el respaldo democrático de la mayoría de ciudadanos. 

También habría que regular otros aspectos operativos y normalizadores de los referéndums, como es el de la territorialidad (ámbito de decisión). No sería excesivamente complicado. 

5. Ventajas

Asumiendo que el referéndum por internet debería pasar por una etapa previa en la que tendría sólo el carácter de consulta, comentemos algunos aspectos a tener en cuenta para considerar las ventajas de tener operativa esta fórmula, pensando en que en un futuro los referéndums por internet puedan ser una realidad vinculante con todas sus consecuencias, entre las que la principal estaría la de conseguir un acercamiento a la Democracia Directa. 

En términos procedimentales, considero que el referéndum por internet ofrece evidentes ventajas sobre el tradicional. Entre éstas, cito las siguientes:  

  • Facilita y propicia la participación
  • Mayor fiabilidad
  • Recuento inmediato
  • Facilitaría los análisis posteriores de la sociología del voto
Por otro lado, si el referéndum por internet llegara a ser un instrumento relativamente frecuente, es obvio que la divulgación de los diversos posicionamientos de las fuerzas políticas —es decir, las campañas— tendría que adaptarse también a esa frecuencia, por lo que no podrían ser tan aparatosas y costosas como en la actualidad. La liturgia del referéndum también debería transformarse y modernizarse cuando la consulta se hiciera por internet. El anacronismo de las exageradas campañas basadas en la profusión de carteles en la vía pública, en los grandes mítines y en vulgares procedimientos propagandísticos o publicitarios, todo más propio de la promoción comercial de cualquier producto de consumo que de la divulgación de determinado posicionamiento político, tienen que pasar a la historia. El criterio de un ciudadano que se pronuncie por internet debería formarse de acuerdo con parámetros de mayor rigor intelectual. La racional y normal utilización de los medios de comunicación, TV, radio y prensa, debería ser más que suficiente para que los partidos y los agentes sociales dieran a conocer a la sociedad sus posturas y propuestas, y para que se enterasen los ciudadanos que lo desearan. Obviamente, el abandono de las tradicionales costosas campañas sería inevitable si, por ejemplo, dos o tres veces al año los políticos y los ciudadanos se enfrentasen, a nivel nacional, a un referéndum, lo cual no debería ser considerado como algo exagerado, sino como algo totalmente normal y propio de la Democracia Directa. 

Pero siendo las ventajas de tipo procedimental muy importantes, los beneficios de tipo político-social lo serían muchísimo más. Del principal ya se ha hablado al principio: reducir las posibilidades de arbitrariedad de los gobernantes a la vez que se incrementa las posibilidades de la participación ciudadana en las decisiones políticas. Pero habría más. 

Por ejemplo, para la clase política el hecho de tener la posibilidad de someter las cuestiones más espinosas de la confrontación política al arbitraje de la ciudadanía debería facilitar la distensión, ya que las decisiones gubernamentales apoyadas en el resultado de un referéndum estarían revestidas de tal legitimidad que no habría argumentos para la confrontación política entre gobierno y oposición. Porque resultarían difícilmente cuestionables las medidas de gobierno refrendadas por la opinión ciudadana mayoritaria. Del mismo modo, si una propuesta gubernamental fuera rechazada no debería considerarse como algo traumático o, como ahora, un revés político determinante que casi obligase a la convocatoria de nuevas elecciones. Simplemente, en uno y otro caso el resultado del referéndum debería considerarse como la coyuntural opinión ciudadana ante una determinada cuestión, sin que tuviese que ser considerado como un apoyo o rechazo global de la gestión del gobierno o de la oposición. Por tanto, es previsible que, si las cuestiones políticas espinosas o controvertidas se sometieran a la decisión colectiva, se rebajaría la tensión en la interacción política del gobierno y de la oposición, descargando o, mejor dicho, trasladando la responsabilidad a la propia ciudadanía. No puede haber árbitro más cualificado. 

Por otro lado, el protagonismo derivado de una mayor participación en las decisiones políticas permitiría a los ciudadanos despojarse de la desagradable sensación de resignado sometimiento a la clase política. Además, es incuestionable que una ciudadanía que se acostumbre a participar en las decisiones políticas que le afecten generará una sociedad más informada y comprometida, lo que probablemente contribuya a elevar el grado de madurez y sensatez colectiva. Para mí, esta es la ventaja más importante. 

Por último, hay que mencionar que al imposibilitar a los gobiernos a que, durante la legislatura, pongan en marcha iniciativas legislativas políticas de gran controversia (no anunciadas en los programas), se evitaría que estas iniciativas se utilicen, como muchas veces ocurre ahora, como cortinas de humo o maniobras de distracción de la opinión pública, que los gobiernos utilizan con bastante frecuencia, especialmente cuando les interesa desviar la atención del ciudadano de otras actuaciones cuestionadas o polémicas de los gobernantes. 

En cualquier caso, la utilización del referéndum/consulta por internet representará un avance importantísimo en los usos democráticos, que, seguro, comportará una NUEVA ERA DEMOCRÁTICA, en la que la Democracia Directa pase de la utopía a la realidad.
 .....................
 
Voy concluyendo. 

Trasladando la teoría expuesta a lo que pasó en España en la pasada legislatura, cabe preguntarse si no se hubiera eliminado gran parte de la tensión política, por no decir áspera bronca o crispación, si, disponiéndose de la herramienta de las «consultas por internet», se hubiera hecho una pregunta concisa a los ciudadanos para que éstos se pronunciasen sobre cuál debiera haber sido la postura del gobierno en su estrategia antiterrorista o en su actitud ante ETA, o también sobre lo del matrimonio entre homosexuales. Desde luego, con la respuesta de varios millones de ciudadanos se podría haber acabado el agrio debate político que padecimos durante más de dos años. También habrían sobrado las inútiles y ácidas polémicas relacionadas con la asistencia o no a las manifestaciones o con los eslóganes o los lemas de éstas, porque sobre las cuestiones en las que ya hubiera un pronunciamiento por internet de una inmensa mayoría de los ciudadanos no habría habido opción para reivindicaciones callejeras.  

Todos, especialmente los gobernantes, habrían (habríamos) estado obligados a aceptar lo que hubiera opinado la mayoría.

3 comentarios:

  1. Muy de acuerdo. Otra democracia, otro mundo es posible y como dice Hessel, no sólo puede, debe hacerse.

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  2. esto es como un rebaño de ovejas en una paridera cerrada a calicanto,y dentro una jauria de lobos comiendonos asi son los politicos y asi nos va .un saludo

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  3. Me gustaría proponer una idea que llevo dentro desde hace mucho tiempo:
    para conseguir un escaño hace falta tantos de acuerdo.
    Si votamos tantos en blanco;tantos escaños conseguidos por lo tanto
    menos diputados en el congreso.Menos buitres carroñeros que tendremos que alimentar.

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