17 jun. 2011

El imperio de la ley (con matices)

Creo que todo el mundo acepta que una de las premisas básicas del Estado de Derecho es el «imperio de la ley»; o sea, que el cumplimiento de la ley sea una obligación permanente de todos los ciudadanos y, sobre todo, de los gestores de los poderes públicos.

Pero esta aseveración tiene «matices». No los tendría si en el estado en cuestión se diera la utópica hipótesis de que las oportunidades laborales, la cultura y el conocimiento, la capacidad económica y cualesquiera otros factores que conforman la potencialidad de desarrollo personal de los ciudadanos estuvieran distribuidos entre estos con criterios de equidad y justicia. Esto, obviamente, no es así; por el contrario, centrándonos en España, está a la vista que existen grandes diferencias socioeconómicas y culturales entre los ciudadanos; o sea, hay una gran desigualdad social. Dicho con trazo grueso, unos tienen mucho y, por tanto, todo a su favor, y otros (muchos, muchísimos más) carecen de casi todo, por lo que tienen muy pocas posibilidades de desarrollo personal; y esto no es justo.

Por eso, sabiendo que tales desigualdades e injusticia de partida son una realidad, el Estado —y más concretamente el Gobierno— a la hora de imponer a los ciudadanos el cumplimiento de la ley lo debe hacer con «matices», como decía antes.

Todo esto viene a cuento de lo que está ocurriendo en España estas últimas semanas. Los medios de comunicación nos están hablando todos los días de casos en los que el Estado está «tolerando» que se vulnere la ley: en el caso de las acampadas urbanas, que es el más sonado, y, con menor eco mediático, en el caso de la obstaculización y resistencia popular ante órdenes judiciales de desahucio por impago de la correspondiente hipoteca. En ambos casos la fuerza pública, con alguna excepción que hemos visto en la tele, ha mostrado cierta pasividad (hay que suponer que cumpliendo órdenes) ante lo que aparentemente podría ser motivo para la intervención. Y esta pasividad ha dado lugar a una agria polémica y a un chaparrón de inmisericordes y ácidas críticas al Gobierno, todas, lógicamente, provenientes de los sectores de opinión más conservadores (por decirlo finamente). Han puesto a parir a Rubalcaba, acusándole de blando y prevaricador por consentir lo que, según ellos, no se debe consentir en un estado de derecho, esto es, el incumplimiento de la ley.

Enlazando con lo que decía al principio, lo que ha hecho Rubalcaba, como ministro del Interior, es tener en cuenta los «matices» que, en mi opinión, hay que tener presente a la hora de aplicar lo de «el imperio de la ley». En líneas generales, estoy de acuerdo con la forma en que el ministro ha lidiado el miura de las acampadas y en que haya ordenado la no intervención o retirada de la policía en los casos de resistencia ante los pretendidos desahucios. Porque creo que un gobernante está obligado moralmente a «pecar» de blando con los desfavorecidos, del mismo modo que debe ser duro e implacable con los más poderosos (que son lo suficientemente fuertes para resistir y, en la mayoría de los casos, salir indemnes ante las dificultades); es decir, creo que hay que hacer cumplir la ley... pero «con matices».

Porque, a la postre, los primeros (los desfavorecidos) acabarán pasándolas putas; o sea, los del 15-M seguirán sin trabajo, sin dinero y sin que les hagan caso, y a los de las hipotecas acabarán quitándoles las viviendas. Por el contrario, los poderosos, aunque sean hostigados, seguirán viviendo de puta madre, y, para mantener su estatus, exigirán al Gobierno que, sin contemplaciones, de leña a la turba, si bien esta pretensión la enmascararán —aludiendo al Estado de Derecho— pidiendo a los gobernantes que hagan cumplir la ley, o sea, que preserven el «imperio de la ley SIN MATICES». ¡Qué ricos!


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