MUCHOS PEQUEÑOS ROBOS, GRAN NEGOCIO

Voy a hablar de lo que a mí me parece una práctica cuasidelictiva  de las operadoras de telefonía en España. Digo que me parece porque, aunque para mí es evidente, no he leído ni escuchado crítica ni denuncia alguna en los medios de comunicación, lo que me parece extraño y, por tanto, me hace pensar que pueda no estar acertado. También digo que es cuasidelictiva porque, al tratarse, cada caso por separado, de importes de muy pequeña cuantía (aunque sumando todos podríamos hablar de, como se verá al final, centenares de millones de euros al año), legalmente no sé si, individualmente, podría tratarse de un delito, si bien, en conjunto a mí me parece que sí lo es.

Hablo de pequeños importes que aparecen en nuestras facturas (de telefonía móvil y fija) por servicios que nosotros no hemos solicitado ni contratado en modo alguno con la operadora que nos proporciona el servicio y, por tanto, nos factura los consumos. En concreto, me refiero a los importes que en las facturas figuran con la denominación “Llamadas perdidas (mensajes dictados)”. El caso que a mí directamente me afecta tiene que ver con Movistar (Telefónica) y con importes individuales de 0,15 euros.

Cuando he preguntado/reclamado a la operadora el porqué de tales cobros me vienen a decir que estos costes provienen de las llamadas que he hecho y que, al no ser atendidas, una locución automática ofrece la posibilidad de dejar un mensaje grabado para que el destinatario de la llamada lo pueda escuchar cuando le venga bien. Y esta posibilidad operativa, según me han explicado los de Movistar, no tiene nada que ver con Movistar (mi operadora), sino que es un mecanismo ofrecido por la operadora del destinatario de la llamada —que puede ser cualquiera de las que operan en el mercado— a su cliente. (Supongo que tendrá que ver con Movistar cuando el que recibe la llamada sea cliente de esta operadora, o sea, el caso inverso). Por eso, los de Movistar, ante mis reclamaciones, se hacen los longuis, diciéndome que el asunto no tiene que ver con ellos. La cosa tiene su gracia. El caso es que no he conseguido aún que me devuelvan estos cobros (aunque no pierdo la esperanza porque voy a seguir insistiendo).

O sea, el que llama paga por un servicio contratado entre una operadora, que puede no ser la suya, y su cliente (el destinatario de la llamada), o, lo que es igual, paga las consecuencias de un contrato entre dos partes que nada tienen que ver con él. Pero lo más chistoso es que el cobro de tal servicio, no demandado por el que paga, lo cobra la operadora de este, que, supongo, luego transferirá lo cobrado, digo yo, a la operadora del destinatario de la llamada.

Así las cosas, me pregunto ¿quién ha autorizado a mi operadora a que me cobre servicios relacionados con una contratación entre dos partes que nada tienen que ver conmigo ni con ella? ¿Cómo es posible tal aberración, atropello, barbaridad y, por qué no decirlo, ilegalidad? Porque me resisto a creer que tal forma de operar pueda tener soporte legal.

Se supone que cuando contratamos con una operadora de telefonía conocemos y aceptamos su tarifa; es decir, sabemos qué servicios nos ofrece y lo que nos va a costar, que, ulteriormente, es lo que debe aparecer, exclusivamente, en la factura mensual. Pero no creo que nadie autorice a su operadora a que en tal factura incorpore costes derivados de servicios ajenos contratados entre terceros. Porque asumir esto supondría admitir, por ejemplo, que Movistar nos cargue en la factura mensual el importe de la compra del súper que pudiera haber hecho el vecino del 3º y que lo hubiese así solicitado a la cajera aportando mi número de teléfono. O sea, supondría una barbaridad de total inconsistencia legal.

Porque, volviendo a mi caso, ya he dicho que me vienen cobrando 0,15 euros por cada “llamada perdida (mensaje dictado)”, pero ¿quién me asegura que el mes que vienen no me cobren el doble?, teniendo en cuenta que el cobro se basa en una tarifa de una operadora con la que yo no tengo relación; o que, me empiecen a cobrar por “llamadas contestadas”, porque pueda haber operadoras que incluyan en su tarifa tanto las llamadas efectuadas como las contestadas. Realmente, es una práctica aberrante.

Es obvio que todas estas cosas son debido a la impunidad con que funcionan las operadoras; a los acuerdos entre ellas; a que los ciudadanos pasamos por alto sus abusos; a que se aprovechan de que son pequeños importes; a nuestra resignación ante sus “pequeños robos”. En suma, a que hacen lo que les da la gana; saben que son inmensamente más fuertes que cada uno de sus clientes. Pero, sobre todo, a la colaboración de los medios de comunicación (la publicidad manda) y, también, de las organizaciones de consumidores, porque, que yo sepa, no han denunciado estos abusos, mejor dicho, estos “pequeños robos”.

Para concluir, un simple cálculo.

Estimaciones
Líneas de móvil existentes en España	50.000.000
Llamadas/mes (por cada línea)	200
Porcentaje de no contestadas	25%
No contestadas/mes  (por cada línea)	50
Porcentaje de mensajes dictados	5%
Mensajes dictados/mes (por cada línea)	2,5
Mensajes dictados (por el conjunto de líneas)	125.000.000
Coste de cada mensaje dictado	0,15
Ingresos/mes para el conjunto de operadoras	18.750.000
Ingresos al año - euros	225.000.000

Como se puede ver, aunque la incidencia en el bolsillo de cada ciudadano no es de gran impacto, para las operadoras no es un asunto baladí. Es como si todos los ciudadanos contribuyéramos altruistamente al pago de los sueldos de sus presidentes. En concreto, supongo que lo que, de este asunto, obtenga Telefónica cubrirá ampliamente el pago de la nómina de su presidente, el "locuaz" César Alierta (según El País, 7,3 millones en 2013).  ¡La hostia! ¡Algunos qué listos son!

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